Comisión del Legislativo: Las privatizaciones causaron daño por $us 21.000 millones

Tras casi cuatro años de trabajo, la Comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas determinó que la enajenación de firmas en siete mandatos presidenciales causó un daño de $us 21.000 millones.

El senador Rubén Medinaceli, del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la citada Comisión, informó que este trabajo halló a responsables de las privatizaciones y capitalizaciones en los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga, nuevamente Sánchez de Lozada y, por sucesión, Carlos Mesa.

El extenso informe será leído en la Asamblea Legislativa en tres jornadas, la primera está prevista que se instale hoy a las 08.00. La investigación consta de más de 2.600 hojas agrupadas en tres tomos. El monto de enajenación aún es conservador porque solo se cuenta con cifras con documentación respaldatoria, dijo Medinaceli.

El trabajo parte de una reseña  sobre la aplicación del modelo neoliberal y hace mención al menos a 17 normativas que formaron el marco jurídico de enajenación.

Empresas. La investigación señala que entre 1933 y 1988 se crearon 213 empresas públicas; 78 pertenecían al Gobierno nacional, 92 a corporaciones regionales de desarrollo, 17 a prefecturas y 25 a alcaldías. Del total, 107 eran productivas y de éstas, 85 fueron enajenadas (79%); además, 105 pertenecían al área de servicios, de las que 72 fueron enajenadas (69%).

Se contaba con siete empresas estratégicas, Corporación Minera de Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Empresa Nacional de Electricidad, Empresa Nacional de Ferrocarriles, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Lloyd Aéreo Boliviano y Empresa Metalúrgica Vinto.

“Identificamos las irregularidades, lo que hay que hacer ahora es tipificar esas irregularidades y establecer responsabilidades”, afirmó Medinaceli.

El senador Edwin Rodríguez, de Unidad Demócrata, cuestionó este informe. “Es evidente la parcialización porque es una Comisión de los dos tercios del MAS, que lo único que va a definir es mostrar elementos de acciones comprometidas al frente opositor”, sostuvo.

Las acciones en cada gestión presidencial fueron detalladas; por ejemplo, en el gobierno de Víctor Paz (1985-1989) se creó la Comisión de Transición Industrial. En el gobierno de Jaime Paz (1989-1993) se aprobó la Ley 1330 de Privatización y al menos 10 empresas fueron enajenadas.

En el primer gobierno de Gonzalo Sánchez (1993-1997) se capitalizaron cinco empresas estratégicas. En el periodo de Hugo Banzer (1997-2001) se privatizaron nueve empresas públicas y unidades económicas de YPFB. En la gestión de Jorge Quiroga (2001-2002) se privatizaron redes de distribución y plantas industriales de YPFB.

En el segundo mandato de Sánchez de Lozada (2002-2003) se analizó el efecto del modelo neoliberal, puesto que se creó la Delegación Presidencial Para la Revisión y Mejora de la Capitalización. Esto se reflejó en las políticas que luego desataron la crisis de febrero y octubre de 2003.

A Carlos Mesa (2003-2005) se lo apunta porque en su gobierno no se acató las recomendaciones de su delegado presidencial, quien vio irregularidades en el proceso de capitalización del LAB. También se resistió a afectar los bienes de las empresas extranjeras.

El informe culmina con varias recomendaciones, una de éstas pide remitirlo al Ministerio Público, a la Procuraduría, a la Contraloría y al Ministerio de Justicia. Pide al Órgano Ejecutivo y a gobiernos subnacionales que se hagan investigaciones sobre las empresas que estuvieron en sus jurisdicciones y que el Órgano Judicial acelere los procesos penales contra exautoridades.

Pesquisa legislativa deja a 55 personas en la mira

 La Comisión Mixta de Investigación del proceso de privatización y capitalización de las empresas públicas identificó a 55 personas que participaron en los procesos de privatización y capitalización de las empresas estatales.

Este informe será presentado hoy al pleno de la Asamblea, instancia que deberá asumir una decisión sobre el futuro de este caso. Rubén Medinaceli, presidente de la citada comisión legislativa, indicó que este informe puede ser remitido a la Contraloría General del Estado, a la Procuraduría, Fiscalía o al Ministerio de Justicia.

En la lista entregada sobre las personas que enajenaron las empresas estatales figuran expresidentes, exministros y empresarios. Sobre ellos pueden pesar delitos como incumplimiento de deberes o daño económico al Estado, entre otros.

La Comisión denomina redes de poder al sistema aplicado que define que Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina y Raúl Garáfulic Gutiérrez son principales actores vinculantes de otras personas que se beneficiaron con las privatizaciones, ya sea mediante sociedades familiares o beneficios empresariales.

En el caso de Sánchez de Lozada se hace un recuento de los varios contratos que suscribió la empresa Comsur, de propiedad del expresidente, con la Comibol.

La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) compró acciones de Fancesa en Chuquisaca, también es parte de la conclusión, es por esto que se menciona a Doria Medina y además de otros vínculos empresariales con la empresa Aguas del Tunari.

Garáfulic tuvo participación en la adjudicación de la Transportadora de Electricidad y la Hilandería Santa Cruz. El informe le señala la compra de acciones del LAB, pero además presume que favoreció a uno de sus hijos para que participe en los directorios de Transredes y AFP Previsión BBV.

FUENTE: LA RAZÓN

 

Fiscalía refuerza equipo de fiscales del caso de Anapol y asegura que no se encubrirá a nadie

 

La Fiscalía Departamental de La Paz determinó reforzar la comisión de fiscales que investiga el caso de presunta corrupción en los exámenes de admisión de postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol) y las Escuelas Básicas Policiales (Esbapol) y aseguró que no se encubrirá a nadie, menos a jefes policiales.

El fiscal Departamental de La Paz, William Alave, brindó la mañana de este lunes una conferencia de prensa en la que informó de este hecho y adelantó que no encubrirá a nadie y que se investigará a oficiales de alto rango de la institución del orden si así amerita el caso.

“Se ha incorporado un nuevo fiscal a esa comisión a objeto de darle mayor celeridad en la investigación (…) el día de hoy se han conformado tres fiscales y a las ocho de la mañana nos hemos reunido con ellos”, sostuvo la autoridad.

También reveló que se reunió con el jefe de la División de Lucha Contra la Corrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el teniente coronel Miguel Ocampo, con quien coordinó las acciones que se llevarán adelante esta semana.

Ante la posibilidad de que se investigue a los altos mandos de la Policía, Alave dejó en claro que “ no se va a encubrir a ningún oficial o personas con rango superior, se va a llevar adelante investigación objetiva y transparente”.

La autoridad no quiso revelar mayores detalles sobre las personas investigadas y pidió dejar trabajar a la comisión.

La mañana de este lunes, el presidente Evo Morales se reunió con el Alto Mando Policial, ocasión en la que recibió un informe pormenorizado de las pesquisas que se vienen llevando adelante.

Por este caso, dos personas fueron aprehendidas de forma preventiva y otras siete están siendo investigadas.

FUENTE: LA RAZÓN

Evo alerta a Beni de una inminente inundación

 

El presidente Evo Morales alertó este lunes al departamento de Beni de una inminente inundación por efecto de las lluvias y llamó a las autoridades regionales y a los ganaderos a tomar previsiones para minimizar los efectos y daños.

“Quiero aprovechar la oportunidad de hacer un llamado a Beni porque los próximos días van a llegar inundaciones. ¿Por qué sabemos?, porque por Puerto Villarroel, río Ichilo (Cochabamba), si hay inundación el río rebalsa y eso llega en dos semanas a Trinidad”, señaló en un acto público en Cochabamba.

Morales contó que la semana pasada su despacho recibió información de que Puerto Villarroel colapsó por la crecida del caudal y lo comunicó inmediatamente a las autoridades regionales.

En ese marco, pidió a Defensa Civil, que depende del Ministerio de Defensa, alertar a los pobladores para que tomen los recaudos correspondientes como el traslado de los familiares y el ganado a zonas altas.

“Advertir sobre todo a los ganaderos de las zonas bajiales retornar los ganados y llevar a las alturas (…) hemos aprendido y siempre va a afectar, esperamos que no pueda afectar mucho”, señaló Morales.

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó el fin de semana que las unidades militares acantonadas en esa región están en apronte, mientras que el director departamental del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Cristhian Cámara, reportó que dos de los 19 municipios del departamento del Beni se declararon en alerta Naranja por crecida de los ríos.-

"Dos municipios ya tienen alerta Naranja, se trata de San Joaquín y Riberalta, adicionalmente se emitió una declaratoria de alerta naranja departamental para tomar medidas preventivas", afirmó a estatal ABI.

FUENTE: LA RAZÓN